Naciones Unidas cuestiona oficialmente al Estado español en materia de Derechos Humanos

Naciones Unidas cuestiona oficialmente al Estado español en materia de Derechos Humanos

Naciones Unidas cuestiona oficialmente al Estado español en materia de Derechos Humanos

Fue informado en una nota de prensa (que reproducimos) de Rights
International Spain. El Comité de Derechos Humanos de la ONU publica el
listado de cuestiones que deberá contestar el Gobierno español para su
examen por este Comité, que tendrá lugar en julio de 2015.

Las principales reformas del Gobierno -Seguridad Ciudadana,
Código Penal, Tasas Judiciales, Asistencia Jurídica Gratuita entre
otras- así como las políticas de control migratorio y fronterizo la
detención incomunicada y la memoria histórica en tela de juicio.


La organización Rights International Spain (RIS), da la bienvenida a
este listado, pues se pregunta al Estado por las medidas que mayor
impacto han tenido en materia de derechos humanos, tal y como informó en
su contribución al listado.


Madrid, 12 de noviembre de 2014
El Comité de Derechos Humanos de
la ONU acaba de hacer público el listado de las cuestiones a las que
deberá dar respuesta España en su VI Informe Periódico (o examen) ante
dicho organismo, que tendrá lugar entre junio y julio de 2015.
Este
Comité, encargado de velar por el debido cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pone en tela de juicio
muchas de las recientes reformas del Gobierno, como por ejemplo la nueva
Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal actualmente en
tramitación o la Ley de Tasas ya aprobada. También se vuelven a
cuestionar varias deudas pendientes de España con los derechos humanos,
como lo son el trato a migrantes en los CIE, el control fronterizo en
Ceuta y Melilla, la detención incomunicada, la falta de respuesta
adecuada frente a las desapariciones de la guerra civil y el franquismo o
las lagunas en las investigaciones de las denuncias de tortura.
En
materia de no discriminación, el Comité pregunta específicamente por el
fortalecimiento del organismo estatal contra la discriminación étnica
(el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico), muchas
veces cuestionado por su falta de independencia y efectividad. También
se pregunta por medidas que están en la agenda que siguen sin
implementarse, como el Segundo Plan de Derechos Humanos, o el desarrollo
de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres.
Asimismo,
solicita información adicional sobre “las medidas tomadas para poner fin
a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos”,
práctica por la que por cierto España fue condenada por este mismo
Comité.
En cuanto al control migratorio, preocupa al Comité los
“casos de malos tratos en los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades
migratorias” , en particular tras la tragedia en la playa del Tarajal
(Ceuta) en febrero de este año. El Gobierno también tendrá que dar
explicaciones por los “abusos cometidos en el procedimiento de expulsión
de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla”, abusos que de
hecho ahora se pretenden formalizar con una enmienda a la Ley de
Extranjería.
También se refleja en el listado las dudas que suscitan
algunas prácticas que pueden conllevar torturas y malos tratos por
parte de los agentes de la policía. En concreto, se pregunta
específicamente por la detención incomunicada, por la investigación y
sanción de las torturas, por las concesiones de indultos a agentes de
las fuerzas y cuerpos de seguridad después de haber sido condenados por
malos tratos y por la falta de un mecanismo independiente de supervisión
de las actuaciones policiales. Por otro lado, el Comité cuestiona a
España igualmente por la respuesta dada a “los delitos de tortura,
desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias” cometidos durante la
Guerra Civil y la dictadura franquista, preguntando específicamente
sobre la vigencia de la Ley de Amnistía. Asimismo, y aunque se haya
retirado la reforma de la Ley del Aborto, el Comité pregunta
específicamente por cómo se “garantiza el acceso al aborto” y las
medidas adoptadas para informar sobre “métodos de contracepción” y para
“promover la educación sobre salud sexual y reproductiva de los
adolescentes”.


Como decíamos, varias son las reformas legislativas promovidas por el
Gobierno que se ponen en tela de juicio en el listado del Comité,
puesto que podrían ser contrarias a varios de los derechos reconocidos o
recogidos en el Pacto. En materia del derecho a un juicio justo, se
cuestiona sobre varias reformas legislativas: la Ley de Tasas (ya en
vigor) y el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En este
ámbito preocupa también al Comité el uso prolongado del “secreto de
sumario” y la falta de una doble instancia que permita una verdadera
revisión de las sentencias penales.
Las reformas del Código Penal y
de la Ley de Seguridad Ciudadana actualmente en curso son cuestionadas
igualmente, en concreto por su “afectación al derecho de reunión
pacífica y a la libertad de expresión”. La Ley de Seguridad Privada
recientemente aprobada también suscita dudas, pues puede entrañar “ un
riesgo mayor de violaciones de derechos humanos”.
Las organizaciones
de la sociedad civil tuvieron oportunidad de contribuir a este listado a
fin de que el Comité tuviese una visión más equilibrada.
En este
contexto, Rights International Spain (RIS) envió al Comité un informe
con aportaciones para el listado de cuestiones relativas al informe
periódico de España en el que se detallaban las principales
vulneraciones de derechos que se producen en España, sobre todo a raíz
de las últimas reformas legislativas promovidas por el Gobierno, con el
fin de asistir al Comité a la hora de solicitar al Estado información
adicional.
Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de RIS, ha valorado muy
positivamente este listado del Comité: “es muy comprehensivo y recoge
todos los aspectos que nos preocupan en Rights International Spain;
gracias a la participación de la sociedad civil, el Comité ha tenido en
cuenta muchos asuntos que el Gobierno habría silenciado”. “Esto debería
servir para que el Gobierno valore con detenimiento el impacto en
materia de derechos humanos de muchas de sus reformas y dé marcha atrás;
de otro modo, se juega una dura condena del Comité”, ha subrayado Lydia
Vicente.
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http://rightsinternationalspain.org/uploads/prensa/c1665264b75c1c676cf8541541ce0ebbe4cb8626.pdf