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lunes, 8 de abril de 2013

9 millones de trabajadores se quedarían sin convenio en julio

9 millones de trabajadores se quedarían sin convenio en julio
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    9 millones de trabajadores se quedarían sin convenio en julio
    La pérdida de derechos que supone la supresión de la ultraactividad de los convenios, impuesta en la última contrarreforma laboral, permitirá a los empresarios empeorar unilateralmente las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
    A pesar de defender encendidamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, admite que su Departamento "está estudiando" cuál puede ser el impacto negativo de una de las medidas aprobadas en esta nueva norma.

    Se trata del fin de la vigencia automática de los convenios colectivos, conocida como ultraactividad, a partir del próximo 8 de julio. Llegado ese momento, los contenidos de todos los convenios que hayan vencido un año antes y que no se hubieran vuelto a firmar por no haber llegado a acuerdos entre las partes, dejarán de aplicarse a los trabajadores que estuvieran bajo su protección. Según la ley estos pasarán a depender del convenio superior de referencia.

    Los sindicatos y algunos asesores laboralistas de empresa han dado la voz de alarma al asegurar que esta situación puede desembocar en una situación de cierto caos e inseguridad jurídica para trabajadores y para los propios empresarios. Según las partes, no siempre hay un convenio superior de referencia o es fácil identificarlo. Asimismo, distintos expertos consideran que las mejoras de estos convenios no renovados podrían pasar a ser contractuales y no deberían desaparecer.

    Los cálculos de UGT apuntan a que, a partir de julio, podrían decaer uno de cada tres de los 6.000 convenios vigentes. Al cierre de 2012, y según datos del Ministerio, 8,9 millones de trabajadores están amparados por convenios sectoriales, ya sean de ámbito estatal, provincial o autonómico. De ellos, la inmensa mayoría, unos 7,5 millones, son convenios colectivos plurianuales revisados.

    Por todo ello, la ministra reconoce que "estamos estudiando esta cuestión porque hay que favorecer las buenas prácticas y no se pueden generar situaciones no queridas por ninguno".

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